Composición:
La Corte Suprema de Justicia es el
organismo rector del Órgano Judicial de El Salvador. Está compuesta por quince
magistrados propietarios e igual número de suplentes. Los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia son electos por la Asamblea Legislativa para
un período de nueve años, renovándose por tercios cada tres años. Para la
elección es necesario el voto favorable de por lo menos los dos terceras partes
de los diputados electos.
Conforme a la Constitución vigente,
uno de los magistrados debe ser designado por la Asamblea Legislativa, como
Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este cargo implica la presidencia
del Órgano Judicial y de la Sala de lo Constitucional.
Los requisitos establecidos por la
Constitución, en su Art. 176, para ser magistrado de la Corte Suprema de
Justicia son:
Ser salvadoreño por nacimiento.
Pertenecer al estado seglar.
Ser mayor de cuarenta años.
Ser Abogado de la República.
Poseer moralidad y competencia
notorias.
Haber desempeñado una Magistratura de
Segunda Instancia durante seis años o una Judicatura de
Primera Instancia
durante nueve años, o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión
de abogado por lo menos diez años antes de su elección.
Estar en el goce de los derechos de
ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su
cargo.
Cambios en el sistema judicial a raíz de
los Acuerdos de Paz:
SISTEMA JUDICIAL Y DERECHOS HUMANOS
Acuerdos sobre reformas constitucionales
destinadas a mejorar aspectos significativos del sistema judicial y a
establecer mecanismos de garantía para los derechos humanos, tales como:
Nueva organización de la Corte Suprema de
justicia y nueva forma de elección de sus Magistrados. En adelante, para elegir
a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se requerirá una mayoría de
dos tercios de los Diputados electos de la Asamblea Legislativa.
Asignación anual al Órgano Judicial de una
cuota del presupuesto del Estado no inferior al seis por ciento de los ingresos
corrientes.
Creación del Procurador Nacional para la
Defensa de los Derechos Humanos, que tendrá por misión inicial la de promover
los derechos humanos y velar por que sean respetados.
Elección por los dos tercios de los
diputados electos de la Asamblea Legislativa del fiscal de la República , del
Procurador General de la República y del Procurador Nacional para la Defensa de
los Derechos Humanos.
Otras materias que estuvieron en la mesa de
negociaciones fueron remitidas a la legislación secundaria y otros acuerdos
políticos. Aun cuando todavía está por negociarse el conjunto de acuerdos
políticos sobre Sistemas Judiciales que la Partes han contemplado en la Agenda
de Caracas, en el curso de la presente ronda se han alcanzado los siguientes,
acuerdos:
Consejo Nacional de la Judicatura: Se
conviene en redefinir la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura para
que esté integrado de manera que se asegure su independencia de los Órganos del
Estado y de los partidos políticos, así como la integración al mismo, no sólo
de jueces, sino también de los sectores de la sociedad que no estén
directamente conectados con la administración de justicia.
Escuela de Capacitación Judicial: Será
responsabilidad del Consejo Nacional de la Judicatura la organización y
funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial, cuyo objeto será el de
asegurar el continuo mejoramiento de la formación profesional de los jueces y
demás funcionarios judiciales.
Carrera Judicial: La legislación secundaria
proveerá lo conducente a que el ingreso a la carrera judicial se haga a través
de mecanismos que garanticen la objetividad de la selección, la igualdad de
oportunidades entre los aspirantes y la idoneidad de los seleccionados. Dichos
mecanismos comprenderán concursos y el paso por la Escuela de Capacitación
Judicial.
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